
Es la norma jurídica que regula actualmente los trasplantes de órganos.
Textualmente, la Ley dice: «La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición», aunque en la práctica no se realiza ninguna extracción si los familiares de la persona que ha fallecido no lo aprueban.
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